Diputados del PAN se quejaron de que la Procuraduría si bien giró órdenes de aprehensión contra ex alcaldes, sólo lo hizo contra pequeños mu...
Diputados del PAN se quejaron de que la Procuraduría si bien giró órdenes de aprehensión contra ex alcaldes, sólo lo hizo contra pequeños municipios que manejan “morralla”
Agencias.- Diputados del PAN se quejaron de que la Procuraduría si bien giró órdenes de aprehensión contra ex alcaldes, sólo lo hizo contra pequeños municipios que manejan “morralla”, y no contra los grandes, que también tuvieron irregularidades financieras visibles para sus poblaciones, observó el diputado Juan Carlos Castro.
A pesar que las acciones en contra de ex alcaldes es un acierto por parte del gobierno actual, se evidencia que en Veracruz la justicia no es pronta ni expedita, dijo.
Y a pesar de admitir que estos hechos emprendidos le da un voto de confianza a la dependencia encargada de procurar justicia, esperan que “se investigue a los ayuntamientos grandes, a los aliados del PRI”.
Consideró que estas órdenes de aprehensión fueron sacadas “tarde, ojalá no sea un golpe mediático. Y sí con esto se exhibe que la justicia no es pronta, ni expedita”.
Agregó que exigirán que este actuar también se aplique a los ex munícipes de las administraciones que recién terminaron, pues también hay muchos señalamientos contra estos.
Sobre las cuentas de 2009 que no fueron aprobadas, dijo que ya tuvieron un periodo los ex alcaldes para solventar las observaciones y este segundo periodo ya quedaron señalados, pero deberán resarcir el daño y cumplir con la sanción que se les imponga.
Cabe recordar que las cuentas públicas 2009 se regresaron al Orfis para un periodo de solventación de 10 días, de ahí regresan al congreso quien ordenará oficialmente al Orfis que gire las órdenes de aprehensión.
La nueva Ley de Fiscalización vigente, obliga al congreso y Orfis a fiscalizar en un año, y emitir en este tiempo las órdenes de aprehensión para los casos donde se compruebe peculado (robo al erario), razón por lo que no pasaría tanto tiempo para que sean llamados a cuentas, como ocurrió con los ex alcaldes a quienes ahora busca la AVI.
En ese contexto, Raúl Vera Aguilar aparece con el “presunto daño patrimonial” más alto con 74 millones 917 mil 707.76 pesos, seguido de Álamo Temapache, de la ex alcaldesa, Blanca Batalla Herver con 61 millones 762 463.12, seguido de Córdoba gobernado por el ex munícipe Juan Lavín con 54 millones 495 mil 995 .25 pesos, además de Catemaco de Jorge Azamar con un presunto desvió de 41 millones 085 mil 193.84 pesos.
Durante el ejercicio fiscal del 2009 se detectó un presunto daño patrimonial por 987 millones 455 mil pesos en 123 municipios y 2 millones 290 mil 550.14 pesos en 8 entidades paramunicipales, por lo que el pleno de diputados no aprobó las cuentas públicas de esos entes fiscalizables.
Agencias.- Diputados del PAN se quejaron de que la Procuraduría si bien giró órdenes de aprehensión contra ex alcaldes, sólo lo hizo contra pequeños municipios que manejan “morralla”, y no contra los grandes, que también tuvieron irregularidades financieras visibles para sus poblaciones, observó el diputado Juan Carlos Castro.
A pesar que las acciones en contra de ex alcaldes es un acierto por parte del gobierno actual, se evidencia que en Veracruz la justicia no es pronta ni expedita, dijo.
Y a pesar de admitir que estos hechos emprendidos le da un voto de confianza a la dependencia encargada de procurar justicia, esperan que “se investigue a los ayuntamientos grandes, a los aliados del PRI”.
Consideró que estas órdenes de aprehensión fueron sacadas “tarde, ojalá no sea un golpe mediático. Y sí con esto se exhibe que la justicia no es pronta, ni expedita”.
Agregó que exigirán que este actuar también se aplique a los ex munícipes de las administraciones que recién terminaron, pues también hay muchos señalamientos contra estos.
Sobre las cuentas de 2009 que no fueron aprobadas, dijo que ya tuvieron un periodo los ex alcaldes para solventar las observaciones y este segundo periodo ya quedaron señalados, pero deberán resarcir el daño y cumplir con la sanción que se les imponga.
Cabe recordar que las cuentas públicas 2009 se regresaron al Orfis para un periodo de solventación de 10 días, de ahí regresan al congreso quien ordenará oficialmente al Orfis que gire las órdenes de aprehensión.
La nueva Ley de Fiscalización vigente, obliga al congreso y Orfis a fiscalizar en un año, y emitir en este tiempo las órdenes de aprehensión para los casos donde se compruebe peculado (robo al erario), razón por lo que no pasaría tanto tiempo para que sean llamados a cuentas, como ocurrió con los ex alcaldes a quienes ahora busca la AVI.
En ese contexto, Raúl Vera Aguilar aparece con el “presunto daño patrimonial” más alto con 74 millones 917 mil 707.76 pesos, seguido de Álamo Temapache, de la ex alcaldesa, Blanca Batalla Herver con 61 millones 762 463.12, seguido de Córdoba gobernado por el ex munícipe Juan Lavín con 54 millones 495 mil 995 .25 pesos, además de Catemaco de Jorge Azamar con un presunto desvió de 41 millones 085 mil 193.84 pesos.
Durante el ejercicio fiscal del 2009 se detectó un presunto daño patrimonial por 987 millones 455 mil pesos en 123 municipios y 2 millones 290 mil 550.14 pesos en 8 entidades paramunicipales, por lo que el pleno de diputados no aprobó las cuentas públicas de esos entes fiscalizables.
